Muertes sin resolver

Jorge Cervantes muestra el video de su hijo moribundo en un carro, después de recibir cuatro tiros mientras retiraba un dinero en el sur de Guayaquil junto a otro hombre, excompañero del colegio, que recibió ocho. En el video, una mano anónima le cierra los ojos.

Dice con resignación que la familia no ha seguido ningún trámite legal en estos meses porque… “¿para qué?”. Se llamaba Anthony, tenía 22 años y no tenía antecedentes penales ni relación con el narcotráfico.

Su muerte encaja en el perfil de las seis que se dan, en promedio, cada día en Ecuador con armas de fuego y a víctimas de sexo masculino, la mayoría entre 20 y 34 años de edad y sin antecedentes penales. Solo en el área metropolitana de Guayaquil, 595 personas fueron asesinadas en lo que va del año y la escalada de crímenes en las cárceles del país -de 36 en 2020 a 328 en 2021- ha sido noticia mundial.

Aunque la crisis del sistema penitenciario concentra una gran atención mediática, poco se habla del aumento de violencia que toca todo el país y menos aún de las muertes que deja. Son muchas las tragedias que no se conocen o pasan desapercibidas como la de Edison Carreño.

Una tarde de octubre, aguardaba afuera de la morgue policial de Guayaquil por los restos de su hermano Danny, con la denuncia de su asesinato en la mano, puesto que era un requisito para emitir el acta de defunción. “Solo quiero sacarlo de aquí y darle sepultura. Este papel no me va a devolver a mi ñaño”.

Es un dolor compartido con el padre de Sebastián, de 11 años, quien murió a causa de una balacera en una heladería; y con los hijos de Carla Rocchetti, de 40 años, quien fue asesinada mientras estaba como paciente de una clínica, por sicarios vestidos como policías, que le dispararon más de 15 veces. Del 1 de enero al 22 de noviembre, 2196 vidas fueron terminadas de forma abrupta por la violencia, en todo el país, según el más reciente reporte de la Policía.

El desborde de la violencia llevó al presidente Guillermo Lasso, a decretar un estado de excepción el 18 de octubre, a los cinco meses de haber asumido funciones, y a renovarlo. Las Fuerzas Armadas tienen, desde entonces, la misión de apoyar a la Policía Nacional ecuatoriana en requisas, patrullajes e inspecciones.

En el año 2018, la tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes alcanzó 5,81 y se incrementó hasta llegar a 12,34 en 2021, según el reporte hasta al 22 de noviembre de la Policía Nacional.

Ecuador es uno de los cuatro países de la región —luego de Chile y delante de Panamá y Costa Rica— donde aumentaron las muertes violentas en el atípico 2020, donde los confinamientos fueron comunes. Así lo detalló el balance de Insight Crime, replicado por medios locales. Sin embargo, el mayor incremento de los asesinatos ocurrió en estos últimos diez meses y con tanta velocidad que la mayoría de los casos quedaron estancados en la investigación policial.

Esta investigación de TC Televisión y CONNECTAS analiza datos de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Judicatura sobre las muertes violentas entre 2018 y 2021 evidenciando que la mayoría no llega a ser esclarecida y los responsables no son sancionados. Diariamente los ecuatorianos son testigos de estos crímenes que impactan en su cotidianidad y los mantienen en zozobra en varias zonas marcadas por el narcotráfico. Sin embargo, la información revisada indica que en la mayor parte de los asesinatos no hubo una relación probada con esta actividad ilícita y sus víctimas no tenían antecedentes penales.

Cuando ocurre una muerte violenta en cualquier lugar del país, son los miembros de la Policía —específicamente de los especialistas de la Dirección de Delitos contra la Vida, Dinased— quienes realizan el levantamiento de los cadáveres y consideran resuelto un asesinato cuando arrestan a los responsables y los ponen a órdenes de la justicia, sea en acto flagrante o tras una investigación. Este año, la Policía reportó como resueltos 499 asesinatos de los 1900 que se cometieron entre el 1 de enero y el 20 de octubre. Es decir que dieron con el presunto culpable en solo el 26% de los asesinatos.

Pero lo que es más grave, la mayoría de los asesinatos que sí salen de investigación policial y llegan a la Fiscalía se quedan en investigación previa, pues apenas un 1,73% de ellos va a juicio. En la Fiscalía General de Estado, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año, 1328 casos de asesinatos entraron a la fase de investigación previa y, de ese número, únicamente 23 fueron juzgados.

Esto implica que, a pesar de que la Policía admite que levantan más cadáveres por asesinatos que por muertes naturales y suicidios, hay un nivel tan alto de violencia que el sistema no logra responder por todas las vidas perdidas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado remitió las cifras de su trabajo en los últimos tres años y reveló que la brecha entre los asesinatos consumados investigados y los que llegan a juicio se hace más grande con los años. En 2018, el 42% de los casos llegaban a esa última instancia. En 2019, 26,92% y, en 2020, el 12,84%.

Para el Gobierno, la explicación al incremento de asesinatos es una relación con ajusticiamientos entre bandas de narco o microtraficantes que buscan salir al océano con su mercadería ilegal a través de contenedores de carga o embarcaciones pesqueras.

En el decreto número 224 del 18 de octubre, el presidente Guillermo Lasso atribuyó el incremento de las muertes violentas en todo el país a una retaliación hacia las acciones contra el narcotráfico. De hecho, en su intervención, afirmó que más del 70% de las muertes violentas en Guayas tiene relación con el tráfico de drogas y que “en las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”. El 15 de noviembre, tras la más reciente masacre carcelaria, el presidente agregó que “ya no nos enfrentamos a la delincuencia común, sino a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo”.

Aunque esto es verdad para algunas zonas, como el área metropolitana de Guayaquil, donde el 67% de muertes violentas entre el 1 de enero y el 31 de agosto están relacionadas con el microtráfico, según datos de la Policía local, no necesariamente es cierto para todo el país. De hecho, según el reporte de la Dirección de Investigaciones de la Policía, apenas el 27,47% de los asesinatos en todo el país en este año tuvo que ver con el tráfico interno de drogas. Además, la mayoría de las víctimas de los asesinatos de este año (47,9%) no tenía antecedentes penales, ni siquiera en el área metropolitana de Guayaquil.

El Comandante de la Policía de la Zona 8, Fausto Buenaño, explica que cuando las “fuentes humanas” o testigos primarios revelan que el fallecido tenía algún tipo de relación con la venta de drogas o antecedentes penales, lo registran como “ajuste de cuentas”.

El problema con esta narrativa del narco, de hablar de bandas criminales como los principales culpables, en opinión de la abogada Silvana Tapia, especialista en derecho penal y en estudios socio-legales, es que funciona como una cortina de humo. “La proyección del problema como una mera cuestión de narcos esconde el rol del Estado. Y no hay que descartar, tampoco, los vínculos que los agentes del Estado y de la policía puedan tener con las bandas a las que denuncian. Estos problemas de violencia incontrolable, sabemos por experiencia histórica, siempre involucran al Estado y a los gobiernos de muchas maneras”.

Con ella coincide Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, quien afirma que la “guerra de bandas” o el “ajuste de cuentas” es un relato reduccionista que pretende encubrir un abandono estatal.

“Se ha priorizado un relato que identifica al narcotráfico y sobre todo, al crimen organizado internacional como el causante de nuestra inseguridad y, por las cifras que se poseen, esto no sería tan así. Y ahí podemos identificar una primera manipulación del relato a propósito de esta influencia del crimen organizado, que sí existe, pero no corresponde a este escenario de violencia”, comenta.

Para Navarrete, quien ha dedicado casi 40 años a la defensa de los derechos humanos, el recurso discursivo no es nuevo: “el ajuste de cuentas significa una patente de corso para la impunidad, y eso se ha venido manteniendo y se ha extendido ahora mucho más cruelmente... podríamos tener ahí una conducta del Estado ecuatoriano con relación a dejar hacer, dejar pasar, que configura una suerte de impunidad institucional y tolerancia de la criminalidad como instrumento distractor”.

Guayaquil es la ciudad con más asesinatos en todo el país. Solo en esa área metropolitana, que comprende además a los cantones de Durán y Samborondón, la tasa de asesinatos al 22 de noviembre es de 18,69 por cada 100 mil habitantes. Es lo que las autoridades policiales llaman la Zona 8, que pertenece a la provincia Guayas, en la costa ecuatoriana al Pacífico.

El comercio es la principal actividad económica de esta zona de 4,3 millones de habitantes donde sobran los testimonios de dueños de locales que aseguran ser afectados en su cotidianidad por la inseguridad.

Aunque la violencia se ha extendido en todo el territorio ecuatoriano y los datos analizados así lo demuestran, las cifras más preocupantes se registran en las provincias costeras Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro.

La provincia fronteriza con Perú, El Oro, tiene una tasa de asesinatos por encima del promedio nacional: 17,67 por cada 100 mil habitantes. Al otro extremo, en Esmeraldas, que limita con Colombia se tuvo un incremento del 96% de las muertes violentas con respecto al 2020 y la tasa de asesinatos se ubica en 18,10% por cada 100 mil habitantes.

En Manabí, al norte de Guayas, hasta el 20 de octubre de este año se registraron 159 asesinatos -88 más que todo el año pasado-, dejando la tasa de muertes violentas en 10,74 por cada 100 mil residentes.

Mientras tanto, en Los Ríos, una provincia situada en el centro del país y vecina de Guayas y Manabí, se registró un incremento de 84% en los asesinatos con relación al 2020, hasta el 22 de noviembre. La tasa de muertes violentas está en 17,37 por cada 100 mil habitantes.

Aunque la violencia se ha extendido en todo el territorio ecuatoriano y los datos analizados así lo demuestran, las cifras más preocupantes se registran en las provincias costeras: Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro.

Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia, cree que la Policía ha sido desbordada por el crimen organizado, que aprovecha las vulnerabilidades del sistema ecuatoriano. La posición geográfica, dice Pazmiño, convirtió a Ecuador en una plataforma de distribución de narcóticos y megabandas locales. La consecuencia ha sido la implantación de estructuras delictivas que han permeado las instituciones de control y de justicia. “Hay carteles, hay bandas, pero también hay un altísimo nivel de corrupción”, asegura.

El bajo número de muertes violentas que logran ser resueltas por la Policía en etapa prejudicial pasa a la fase de la investigación previa en la Fiscalía. Fanny Castro Sánchez, Coordinadora en la Unidad Especializada de Personas y Garantías de esa entidad, explica que el tiempo máximo en el que un caso de asesinato puede estar en investigación previa es de 2 años.

“Uno de los problemas que enfrentamos es la falta de colaboración de la ciudadanía, que no quiere dar información y se limita a poner la denuncia porque es un requisito para retirar el cadáver. Además, falta infraestructura investigativa de las entidades”, comenta.

Con la infraestructura investigativa, Castro se refiere a herramientas científicas para la investigación criminal con las que no se cuenta en Ecuador.

Castro admite que el estancamiento de los procesos en la investigación previa erosiona la confianza en la justicia, pero la funcionaria insiste en pedir ayuda a la ciudadanía. “Las personas no quieren colaborar. Es entendible, porque sabemos que detrás de estos hechos hay gente peligrosa. Hay gente que presencia estos hechos, pero no quiere arriesgarse”.

Este año se han desbordado las cifras de asesinato, pero en Guayaquil sigue habiendo solo 10 fiscales especializados y, en otros cantones, hasta tres fiscales multicompetentes (que investigan todos los delitos). El número no ha aumentado hasta el cierre de esta investigación, e incluso existe déficit de fiscales, mencionó Castro.

“Estamos viviendo un nivel de violencia tan institucionalizado, que quién sabe cuánta gente está siendo asesinada mientras usted y yo hablamos”, dice María Josefa Coronel, directora de la Judicatura de Guayas, para referirse al registro de asesinatos y cómo esto también incide en la poca confianza que la ciudadanía tiene en la justicia.

La desesperanza y la impotencia terminan por consumir el tiempo, los recursos y las energías de familiares que inútilmente se enfrentan a la impunidad cuando los casos se van quedando en los archivos de la Fiscalía o, lo que es igual, en el olvido.

Y si todos los asesinatos deberían ser judicializados, ¿cuánto tiempo puede pasar sin que los responsables sean sancionados si los parientes no se desgastan buscando respuestas?

“No hay un indicador que nos muestre cuánto se están demorando las causas. No tenemos subclasificaciones, le debemos a la ciudadanía una modernización de ese sistema informático”, dice Coronel.

Anabel Campos denunció el asesinato de su hija Valeria, ocurrido en 2019 en una zona marginal de Guayaquil, y tuvo que esperar dos años para obtener una sentencia. “Tenía que dejar a mi nieto encargado con las secretarias del juzgado, gastar en el pasaje y para que se la pasaran difiriendo audiencias. Pero no me cansé, no me rendí, aunque haya tenido que gastar tanto dinero, no iba a parar hasta obtener justicia”.

No estamos ante un accidente sino ante un estallido que se ha estado alimentando desde hace años, reflexiona la investigadora Silvana Tapia. En varios aspectos podemos hablar de ineficiencia, pero también de desidia deliberada, refiere: “Todas las personas que habitamos en el país estamos en riesgo de sufrir los excesos de la violencia. En Ecuador hay una enorme desconfianza en todos los poderes del Estado, y la función judicial no es la excepción”.

En Ecuador el peligro está afuera, pero también las cárceles han mostrado con crudeza el desborde de la violencia por las luchas de poder en medio del hacinamiento, la corrupción y el narcotráfico dentro de las cárceles. El control penitenciario tampoco ha sido suficiente para detener la escalada de muertes.

A John Campuzano Triviño lo asesinaron entre el 12 y el 13 de noviembre. La fecha no está clara porque ocurrió dentro de una masacre en el interior de la Penitenciaría. Había sido detenido en septiembre, por ser el contador de una empresa involucrada en un desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Tenía prisión preventiva para investigación del delito de falsedad de información. No había sido sentenciado.

Su hija Jomaira culpa a la Fiscalía del horrendo asesinato de su padre: “Siempre pasaba algo cuando llegaba la fecha de la audiencia para que mi papá saliera de ese infierno”.

Los privados de libertad están a órdenes de un juez de garantías penitenciarias. Este año en el que se han registrado más asesinatos dentro de las cárceles ecuatorianas, la Fiscalía investiga de oficio esas muertes. En un hecho sin precedentes en el país, 328 personas fueron asesinadas hasta el 22 de noviembre en el interior de las penitenciarías.

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, ofreció entonces acciones concretas para reducir el número de muertes violentas en las prisiones. Ella preside un organismo técnico que involucra a la Fiscalía y a la Judicatura. Y, aunque la gestión no requirió una denuncia, el 65,22% de los delitos cometidos en las cárceles no ha salido de la fase de investigación previa.

La directora de la Judicatura Provincial piensa que es injusto mirar a la Fiscalía como responsable de la lentitud, aunque no niega que existe “corrupción y mediocridad”, como en muchas instituciones públicas y privadas de Ecuador. “Pero también hay que mirar con humanidad al fiscal, más allá del servicio público. Si el Estado ni siquiera puede administrar a la gente que está metida en la cárcel, en un solo edificio, ¿cómo vas a cuidarme a mí?”, reflexiona.

Las fuentes consultadas apuntan a que la solución, como el problema, es integral. Los funcionarios públicos deben asumir una mayor responsabilidad en la protección de la vida de los ciudadanos.

Aunque el Gobierno ha anunciado un plan, que será presentado el 2022, para reducir las muertes violentas, no convence que la mayoría de los asesinatos estén al margen de la investigación fiscal, dejando en el limbo a familias que piden y merecen respuestas.